Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Una joven de 18 años, conocida como Lucero, ha puesto en entredicho a todo un sistema judicial y estatal en el que las mujeres víctimas de la violencia no encuentran atención a sus demandas ni castigo para sus responsables.
Guanajuato y su Gobernador, Miguel Márquez Márquez, enfrentan la crítica internacional por permitir un sistema que criminaliza a la mujer y no garantiza la justicia oportuna y expedita para castigar a los responsables de delitos en contra de este género, en un año en el que los feminicidios en la entidad han registrado un crecimiento de 78%, según organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.
En lo que va del año, se han reportado en la entidad 59 casos de agresiones contra mujeres, 42 de ellas homicidios dolosos –según los archivos del Centro Las Libres AC–, se han abierto sólo 36 averiguaciones previas y únicamente 12 se han tipificado como feminicidios.
En abril, el mandatario propuso al Congreso una reforma al artículo 153-A del Código Penal para que los responsables de esta clase de delitos cumplan una pena que va de los 70 años de cárcel hasta cadena perpetua, sin embargo, la intención de su gobierno de sancionar a quienes dañen a las mujeres ha quedado en entredicho con el caso de Lucero, una joven de 18 años que fue salvajemente golpeada por negarse a tener relaciones sexuales con un conocido.
Esta semana, el sitio Zona Franca publicó que una serie de actuaciones, de parte de funcionarios públicos de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y también de otras dependencias como la Secretaría de Seguridad, evidencian una acción concertada que tuvo como finalidad sabotear el caso de Lucero Salcedo en el terreno jurídico y también en el ámbito mediático.
El ejemplo más flagrante del hostigamiento hacia Lucero Salcedo de parte de la institución que debía haber representado sus derechos como ofendida y víctima, es la asistencia sicológica que recibió de una agente del Ministerio Público, cuyas anotaciones fueron incorporadas a la carpeta de la investigación lo que permitió que fuesen utilizadas por la defensa del agresor en la primera audiencia del caso.
Otra parte de esta actuación del Estado en contra de una particular y además víctima de un delito deriva de la operación de funcionarios de prensa de por lo menos dos dependencias, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública, para desactivar la atención de los medios hacia el caso.
El Gobernador Miguel Márquez y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, han reiterado en diversas oportunidades que el ministerio público “hizo lo que le correspondía”, en el caso de violencia de género que tiene como víctima a la joven de 18 años, cuyos pormenores han levantado una indignación que rebasa las fronteras del país, como quedó de manifiesto en la entrevista que el mandatario ofreció el viernes 4 de octubre a la cadena CNN en español, en la que fue duramente cuestionado por el trato de su administración a este caso.
Entre las respuestas más polémicas del mandatario se enumeran tres: una en la que dejó toda la responsabilidad al Poder Judicial por no haber utilizados los protocolos de género.
La segunda cuando aseguró que “A la mujer, ni con el pétalo de una rosa. En este caso, se presenta el caso ante el juez, se da este tipo de sentencia, en la cual en este caso, pues queremos más fuerza en este tipo de sentencias…”.
Y la tercera cuando se le cuestionó qué hubiera hecho si Lucero hubiera sido su hija: “Tengo hija, esposa, tengo madre. He actuado con respeto a la mujer, lo aprendí en casa, a nadie se le desea esto”.
Sin embargo, cuando el caso comenzó a ganar notoriedad en los medios locales, desde la procuraduría de Justicia se hicieron llamadas y visitas a directivos de medios de comunicación para hacerles ver que los hechos no eran como se estaban narrando en prensa. Se insinuaba que había datos que iban a “perjudicar a Lucero y a su familia”, según la publicación de Zona Franca.
Esa actuación no parece ser algo “que le correspondía” a la autoridad. Máxime porque los datos “perjudiciales” para la víctima provenían de expedientes a los que no debieron tener acceso los funcionarios de otras áreas que no fueran las del Ministerio Público.
LA CORRUPCIÓN Y LA ALCALDESA
Los feminicidios no son el único frente que Márquez Márquez tiene abierto: tras el declive electoral de su partido, Acción Nacional (PAN), en las elecciones de julio de 2012, el mandatario creó un problema político al declarar públicamente que su estado no se convertiría en una “agencia” de colocaciones para aquellos panistas desempleados, luego de que este instituto político perdiera la Presidencia del país.
Legisladores de oposición también han hecho del mandatario el objeto de sus críticas: las fracciones parlamentarias de oposición en la Legislatura local le reprocharon en agosto pasado su “falta de ética” y de “madurez política” por usar 90 millones de pesos del erario para promover al PAN con la entrega de 312 mil uniformes deportivos de secundaria de colores azul y blanco.
El mandatario declaró que para él “ya es tema cerrado”. El Diputado panista, Juventino López Ayala, argumentó: “Mal haría nuestro gobierno si usara un color que se identificara con otro partido”.
Los priistas señalaron que el Gobernador está violando “los principios y valores” de la política. En el mismo sentido se manifestaron los diputados de los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
La corrupción tampoco ha estado ajena a su gestión; Guanajuato pasó de ser el tercer estado con menor corrupción en el País en 2007 al lugar 16, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), mencionado en junio pasado por María Esther Santos de Anda, presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción de León.
El INCBG mide la corrupción que afecta a los hogares y registra la corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de Gobierno y por empresas particulares.
Hasta julio, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tenía un registro de 63 funcionarios públicos estatales con inhabilitación vigente, de los cuales 13 fueron suspendidos para ejercer algún cargo público por cinco años y otros 14 por tres años.
Desde el pasado 3 de octubre funciona en la entidad la llamada “Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, cuyo objetivo es investigar y perseguir a los funcionarios que cometen actos de corrupción o incurren en la comisión de algún delito en agravio de la sociedad.
Esta instancia será la encargada de investigar y procurar que se sancionen los actos de corrupción en los que incurran los servidores públicos, tanto de la administración estatal como municipales, con un actuar de absoluta imparcialidad y determinación en cada caso que se investigue.
Los enfrentamientos entre la Alcaldesa de León, Bárbara Botello y el mandatario estatal por la falta de presupuesto para el municipio son otros de los conflictos que se suman a la lista de Márquez Márquez.
Hace unos días, durante el Primer Informe de Gobierno de la Alcaldesa, fue notorio el distanciamiento, ya que el mandatario no asistió ala evento a pesar de encontrarse en la ciudad. Éctor Ramírez Barba, de la Secretaría de Desarrollo Social, llegó con la representación del Gobernador, y a su paso, tuvo que escuchar las consignas contra Márquez Márquez, que se detuvieron hasta la que Botello les dijo que pararan.
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BREVES
QUE EL CONGRESO DECIDA
El Gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna González, dijo que continuará en el cargo hasta que el Congreso del estado lo decida y que las declaraciones del mandatario constitucional, Fausto Vallejo Figueroa, sobre un posible regreso son expresiones “de su voluntad.
“Yo estoy cumpliendo una función y seguiré haciéndolo hasta que sea determinado por el Congreso, que es el que nos dio el mandato y digo que esas expresiones son de su voluntad y es su voluntad la que determina esa situación, yo no tengo acciones en estos eventos que no sea seguir cumpliendo con la responsabilidad en la que estoy”, indicó Reyna.
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RESERVA PUEBLA INFORMACIÓN DE HELICÓPTEROS
La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) reservó la información sobre la compra de dos helicópteros en la administración de Javier Moreno Valle.
Según la información, las facturas de compra de helicópteros permiten detectar patrones de vuelo, al permitir inferir destinos y horarios frecuentes de uso, con ese argumento declaró como reservada dicha documentación.
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OTRO EX GOBERNADOR EN PROBLEMAS
La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí impuso al ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga una sanción económica por 7 mil 791.3 millones de pesos y una inhabilitación para ocupar cargos públicos en los próximos 20 años al considerar que el panista incurrió en el desvío de recursos públicos, concretamente, el crédito de mil 500 millones de pesos que tramitó al término de su gestión.
De los Santos Fraga, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), gobernó la entidad del 26 de septiembre de 2003 al 25 de septiembre de 2009.
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MANCERA APRUEBA… DE PANZAZO
El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa recibió una calificación de 6.5
sobre 10 en una reciente encuesta aplicada por Votia Sistemas de Información, al cumplirse los primeros nueve meses de la gestión del mandatario.
En un universo de 800 personas residentes de la Ciudad de México, con credencial de elector, las calificaciones aprobatorias alcanzaron 70%, de ellas 18% le dan 9 o diez. La encuesta se realizó entre el 28 y 29 de septiembre.
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MÁS FUNCIONARIOS TRAS LAS REJAS EN TABASCO
El Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que el castigo a ex funcionarios de la administración pasada no es un asunto personal, sino institucional, por lo que avisó que aún faltan muchos saqueadores por caer y confirmó que la deuda pública fluctúa en 20 mil millones de pesos.
“No es porque yo esté anclado con los problemas del pasado, créanme que tengo mayor interés de ver para adelante, quiero confiarles que nunca en mi trayectoria ni pública, ni en vida personal me había visto en la necesidad de poner a alguien tras de las rejas”, expresó.
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FRASES
“No podemos descartar a nadie, en la investigación, llegue hasta donde llegue”, aseguró César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, sobre el accidente de la “monster truck” que mató a 9 personas.
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“Nuestra política de protección civil va más allá de enfrentar una emergencia, ahora trabajamos en acciones concretas para reducir, mitigar y prevenir riesgos, resguardando la integridad física de los veracruzanos y su patrimonio”, dijo Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz.
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“Desde aquí les hacemos un llamado a todos aquellos criminales que se ocultan para seguir delinquiendo y afectando a la sociedad, que seguramente muy pronto van a estar en la cárcel, porque vamos a combatir la impunidad a fondo”, aseguró Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco.
